Durante los últimos años, los venezolanos y el mundo en general hemos sido testigos de uno de los procesos democratizadores más amplios y auténticos que el mundo haya conocido en su historia. Desde la salud y la educación hasta el acceso a los libros y a recintos donde la mayoría del pueblo tenía vedado el acceso, este proceso democratizador fue bautizado desde sus inicios como Revolución bolivariana y hoy, a 14 años de la llegada al poder del Estado del gran líder que sacudiría los cimientos de la vieja institucionalidad del país, son innumerables los logros alcanzados como grandes son también los desafíos abiertos en la etapa que comienza.
Una de las expresiones más nítidas de este proceso democratizador, esencia de la “belleza griega” –diría un helenista-, de la Revolución bolivariana, son los consejos comunales. Como expresión por excelencia de la comunidad que se organiza para tomar decisiones relacionadas con los asuntos que les afectan directa o indirectamente, el consejo comunal constituye uno de los mejores ejemplos de lo que significa la democratización del poder, en este caso del poder político, lo cual implica el ejercicio de la soberanía popular como condición para el desarrollo tanto individual como colectivo.
En los últimos años, es mucho lo que se ha reflexionado sobre el tema de los consejos comunales, siempre con el énfasis en la necesidad de su consolidación; en la necesidad de que no se vean sólo como una vía para la fácil obtención de recursos económicos. No ha sido fácil el proceso, y más si consideramos la complejidad de una sociedad que ha venido reconciliándose consigo misma en los últimos años, con todos sus contrastes urbanos, su voluntad de vida, con sus desigualdades ―reducidas vertiginosamente en los últimos años― y sus estructuras heredadas. Una de esas estructuras heredadas es el Estado.
Si definimos parcialmente al Estado como un conjunto de relaciones de poder, los avances y retrocesos en la Revolución han tenido que ver, en mayor o menor medida, con las tensiones entre las comunidades en organización y el Estado en transformación, siempre con el gran motor de todo el proceso en el centro: Hugo Chávez.
No obstante, la democratización no se detiene, y uno de los aspectos que ha venido cobrando cada vez mayor importancia en nuestros procesos comunicativos ―y por tanto, políticos― y relaciones sociales en general, han sido las llamadas TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación). El creciente acceso a la red de redes (internet) y el creciente uso de las ―más recientes― redes sociales como el twitter, han incidido de forma importante no solo en el proceso político sino en nuestra propia vida, tal como lo predijo el prolífico escritor Isaac Asimov en 1988, quien en una entrevista vislumbraba como desde “una computadora en cada casa”, se podría acceder a bibliotecas enteras y de esta manera al autoconocimiento con ritmo propio; Asimov vislumbró una colosal democratización del conocimiento, del acceso al conocimiento, lo cual significa una democratización del poder, tal como ha venido ocurriendo en Venezuela en el marco del proceso bolivariano.
Es en este contexto donde el Proyecto de Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras Atribuciones, el cual se plantea en su artículo uno “la transferencia de la gestión y administración de servicios, actividades, bienes y recursos, del Poder Público Nacional y de las entidades político territoriales, al pueblo organizado…”, cobra la mayor importancia. Más aún, cuando instituciones como la Fundación Infocentro, institución del Estado que trabaja para “fortalecer el desarrollo de las potencialidades locales, las redes sociales y el poder popular”, facilitan la apropiación de las tecnologías de información y comunicación en los sectores populares, con el objetivo de consolidar espacios tecnológicos comunitarios, en el marco de esta “transferencia de gestión” planteada en el mencionado instrumento jurídico.
Hasta ahora hemos dicho que la Revolución bolivariana ha consistido en un auténtico proceso de democratización de todos los aspectos de la vida, y que el ejercicio del poder por parte de la comunidad organizada, consolidado, es el socialismo del siglo XXI. Que en los últimos años el Estado y las comunidades organizadas han protagonizado tensiones y solapamientos propios de un proceso democrático que se realiza en democracia y libertad. Sin embargo, cuando vemos de cerca el trabajo que adelanta la Fundación y nos damos cuenta de que esta viene transfiriendo la gestión de los infocentros (espacios tecnológicos comunitarios) a la comunidad organizada, comprobamos que la transformación del Estado y la construcción de la nueva sociedad, empoderando a las comunidades organizadas, son realmente posibles.
Es verdad que el pueblo puede ejercer el poder sin necesidad de que se lo transfieran en la medida en que este no es un objeto que posee le Estado, sin embargo, que el Estado lleve la potencia de la tecnología a cada comunidad del país, favorece notablemente ese ejercicio, ese empoderamiento, y eso hay que apoyarlo con todo.
amauryalejandrogv@gmail.com
@maurogonzag
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