Palabras clave: Batalla de ideas, política, crítica, transformación, diálogo, innovación, cambio de época, amplitud, bloque histórico, lectura, análisis, verdad, belleza, sueños, liberación.

domingo, 26 de mayo de 2013

Para lograr una sociedad de paz: tanta mano derecha como sea necesaria, tanta mano izquierda como sea posible


Recientemente, el filósofo uruguayo Pablo Romero nos hizo llegar el video de su intervención inaugural en el programa Ciudad+, espacio ancla de Tv Ciudad, en el que aborda el sensible tema de la seguridad ciudadana, apoyándose en autores como Thomas Hobbes y Hannah Arendt. Luego de escuchar las reflexiones de Romero, debo decir que estas resultan de gran interés para los venezolanos, toda vez que el tema de la seguridad se encuentra en el centro de la preocupación de nuestro pueblo, y que el gobierno del presidente Maduro ha implementado una serie de políticas por la seguridad, llamando a los diversos actores sociales y políticos a incorporarse a tan importante lucha.

Tan pertinentes resultan las palabras del filósofo, que me motivaron a escribir estas líneas donde comentaré la visión de Romero sobre el tema y aprovecharé para recordar algunas cosas y dejar algunos aportes. Al inicio de su intervención, dice Romero que el tema de la seguridad está instalado como fundamental en la sociedad uruguaya, tal como ocurre en el caso venezolano, lo cual de entrada no resulta nada casual. Tal afirmación, me hizo pensar casi por reflejo en los medios de comunicación uruguayos, pero de inmediato recordé que la percepción o sensación de inseguridad es sólo la parte simbólica del problema.

En primer lugar, Romero parte de una reflexión raizal, argumentando que el tema de la seguridad está presente en el imaginario social desde los propios tiempos de la formación del Estado Moderno, con lo cual quiso dejar claro, ante todo, que la inseguridad y la violencia no son fenómenos nuevos, aunque hoy el problema se haya complejizado hasta niveles de emergencia. También, nos sirve afirmar que los problemas de inseguridad son comunes ―hasta podríamos decir, inherentes― a todas las sociedades modernas, a toda urbe moderna, lo cual es decir, a todo centro urbano donde se concentran los medios de producción, se centraliza el poder y donde por tanto se aglomera la población.

El filósofo ilustró la idea citando la idea central de El Leviatán, de Thomas Hobbes, filósofo político de la “segunda modernidad temprana” (Dussel). Romero recordó que el tema de la seguridad fue central para el autor inglés en su justificación de la necesidad del Estado absolutista, del poder total del soberano, lo que es hablar del Estado moderno. Según la clásica teoría, antes del surgimiento del Leviatán los hombres vivían en una especie de estado de guerra permanente, sin autoridad, en lucha de todos contra todos. Es aquí donde se establece un “contrato”, según el cual los ciudadanos ceden su derecho a la defensa en el soberano, superándose así la pelea entre hombres-lobos, y dando paso al nacimiento de la “violencia legítima”.

Es así, como una de las funciones del Estado moderno, inherente a su nacimiento, es la protección de la ciudadanía, garantizar el orden, la paz, la seguridad. Ahora bien, explica oportunamente Romero que llega un momento en que ese contrato, por diversas razones, deja de cumplirse, quebrándose así el pacto social. De ahí, los “ajustes de cuentas”, los linchamientos y demás manifestaciones de “violencia no oficial, no legítima”, asumida por individuos y comunidades dada la incapacidad de las instituciones para imponer la justicia y mantener la paz. Cabe acá hablar de las llamadas zonas grises, aquellas en las que la presencia del Estado es lo suficientemente débil o inexistente como para dar lugar a micro-estados o estados paralelos, mafias, grupos, que logran llenar los espacios jurisdiccionales vacíos.

Un hecho deja claro Romero: si el Estado no actúa el sujeto recupera su derecho a la defensa propia. Vale decir también, si el Estado no actúa y el ciudadano no se organiza para defenderse, nacerá tarde o temprano una organización para-estatal que surgirá de la necesidad de protección. Y como puede presentarse el caso de que la situación se presente en una población tranquila donde si acaso ocurrirá alguna riña entre vecinos después de las fiestas patronales que tienen lugar una vez por año, la organización para-estatal puede surgir para proteger a esa población de ella misma, lo cual constituye un vulgar chantaje.

Algo similar ocurre en algunas partes de la ciudad de Caracas, posiblemente también en Montevideo, Bogotá o Buenos Aires, cuando ciertos individuos se ofrecen para cuidar los carros (coches) cuando estos estacionan en la calle, en alguna zona comercial. Estos “cuidadores”, se animan no solo a pedir sino a exigir dinero por haber cuidado el vehículo, ¿De quién?: de ellos mismos.


El rol de la familia y el sistema educativo

En este punto del programa, la presentadora de Ciudad+ puso sobre la mesa el tema del papel de la familia y el sistema educativo en la lucha contra la inseguridad. Romero se apoyó esta vez en Hanna Arendt, autora de El origen del autoritarismo, quien planteó en su momento que la sociedad moderna vivía una crisis de autoridad. Cabe destacar aquí la diferencia, clara en Arendt, entre autoridad y autoritarismo, constituyendo este último una práctica que obtiene la obediencia por medio de la coacción, por medio del “poder”, entendido como la capacidad de imponer la propia voluntad por el método que sea, en la clásica definición de Max Weber. El problema radicaría en una confusión histórica entre autoritarismo y autoridad, dado que el primero se lleva a cabo en nombre de la autoridad como valor moral.

Así, Romero recuerda que Arendt planteó que la autoridad se había devaluado porque llegó a aceptarse la idea de que la autoridad en los campos no políticos se traducía en autoritarismo en el campo político. Luego, la autoridad del padre o del profesor comenzó a perder respeto cuando se relacionó esa autoridad con el despotismo en la política. Esta relación, habría que agregar, no resulta una idea alocada en absoluto, dado que existen padres y profesores que, efectivamente, ejercen prácticas manifiestamente autoritarias en nombre de la autoridad. Esto nos llevaría a una crítica más profunda sobre el origen autoritario del Estado (La imposición histórica y a sangre y fuego de un grupo sobre otros) y de la familia y demás instituciones burguesas.

En tal sentido, dice Romero que esta devaluación de la autoridad puede verificarse en sociedades que han vivido procesos autoritarios, quedando convertida en una mala palabra asociada al autoritarismo, produciéndose un alejamiento de todo lo que huela a jerarquía y responsabilidad. He aquí, la importancia de las cargas semánticas que por razones históricas eventualmente acarrea una palabra-concepto-valor, lo cual ocurrió también, aunque por razones diferentes, con el mentado comunismo.

Este debate me recuerda la conversación que una vez sostuve con una amiga, constitucional e históricamente opositora al gobierno del Comandante Chávez, quien me preguntó con tono de indignación si yo de verdad encontraba algo de malo en las palabras Tradición, Familia y Propiedad. Sepan los lectores que estas tres palabras, pronunciadas juntas, constituyen el nombre de una secta fundamentalista, ultraconservadora de carácter fascista, que tuvo presencia ―o tiene― en Venezuela y a la cual perteneció ―o pertenece― el candidato Henrique Capriles, vencido por Chávez el pasado octubre y por Nicolás Maduro el pasado abril. Pero si las despojamos de esa oscura carga, nos damos cuenta que esas palabras no son perversas en sí mismas.

Entonces, tenemos que los episodios de autoritarismo en la historia de los países han logrado trasladar esa connotación negativa a espacios de autoridad no políticos, produciéndose así la aludida crisis de autoridad en los espacios educativos y en la familia. En el caso, por ejemplo, de la escuela, se establece una horizontalidad que tiene mucho de rechazo a la autoridad, de resistencia e incomodidad frente a ella. De esta manera, se configura una situación de extremos donde, como decía mi abuela, si no te agarra el chingo te agarra el sin nariz. Sobre este particular, Romero alude esa particular forma de crianza en que no se le ponen límites a los niños o adolescentes por la asociación entre estos y las prácticas autoritarias. Ahora bien, cuando se trata de toda una sociedad, no poner límites puede generar situaciones mucho más delicadas y peligrosas.

El papel de la izquierda y la derecha en el tema

Dice el filósofo que a la izquierda le cuesta mucho poner los límites, que suele padecer de un complejo según el cual ésta, desde el poder, en determinadas coyunturas no ejerce sus legítimas atribuciones por temor a caer en “prácticas autoritarias”. El tema es que la izquierda, si es gobierno, cuando la situación así lo requiera debe imponer su autoridad legítima.

Se ha dicho que la mano izquierda simboliza la mano femenina, la mano comprensiva, la que ostenta una mirada profunda de la situación, la que abriga y protege. Sin embargo, la izquierda en el poder, lo que es decir la izquierda gestionando la estructura del Estado burgués, se ha traducido en un marcado interés en diferenciarse de las prácticas represivas propias de la derecha, en un contexto donde las instancias ideológicas del sistema impulsan el disenso frente a situaciones antes consideradas “parte del paisaje”. Es decir, desde los grandes medios de información al servicio del sistema, amigos o socios del poder, una salvaje represión contra un grupo de estudiantes que se manifiestan pacíficamente, por ejemplo, contra la privatización de la educación superior, será presentada como una acción legítima del Estado, ya que se entiende que este debe garantizar el orden público indistintamente de si este se consigue a plomo limpio o, metiendo los tanques de guerra en la universidad, como ocurrió el Venezuela bajo el gobierno socialcristiano de Rafael Caldera.

Un ejemplo perfecto del caso contrario lo hemos vivido recientemente en Venezuela, en un contexto donde los medios de comunicación tradicionales se han convertido en enemigos políticos del gobierno. En esos momentos en que se hizo presente la protesta social, en muchos casos el gobierno titubeó al momento se poner los límites, de imponer su autoridad, al tiempo que las grandes empresas de información calificaban gratuitamente al gobierno de “autoritario” o de atentar contra el legítimo derecho a la protesta.

Todos recordamos, como en el contexto de la salida del aire del canal Rctv -hecho del cual se cumplen mañana seis años-, luego de que el Gobierno decidiera no renovarle la concesión para usar el espectro radioeléctrico, un sector de los estudiantes de universidades autónomas y privadas fue lanzado a las calles para protestar en contra del gobierno. Las consignas eran insólitas. A los compañeros uruguayos y de América Latina en general, les sorprenderá saber que estos estudiantes no luchaban por el pasaje estudiantil, el mejor acceso a la universidad, un mejor comedor, becas universitarias, una mejor educación o, como en el caso de Chile, la desmercantilización de aquella; ellos luchaban por el “derecho” a “cambiar de canal”.

Necesario es destacar aquí que Venezuela, en ese momento se convirtió en el único país del mundo en el que los heridos y golpeados durante estas manifestaciones se contaron solo del lado de las fuerzas de seguridad del Estado. Ojo, no estamos sugiriendo que debieron contarse del lado de los manifestantes, sino que el Estado dio muestras de su incapacidad para poner los límites, para imponer su autoridad, mientras estos estudiantes manifestaban de forma violenta, violando sistemáticamente la Constitución Nacional.

Romero, refiriéndose al contexto de Uruguay, alude a funcionarios en cuyo discurso están presentes ideas como la “criminalización de la pobreza” la “lucha de clases”, o el “papel de los medios de comunicación”, generando un clima de “cierta justificación de las cosas”. Desde nuestra perspectiva, tales ideas, expresan indudablemente el humanismo y la comprensión propios de un gobierno de izquierda, aunque no deja de expresar por eso mismo sus problemas para ejercer su autoridad en momentos en que la realidad concreta así lo exige.

Esta situación, en la que la intensidad del debate político entre la izquierda y la derecha tiende a generar una especie de parálisis o descuido de los temas sensibles que afectan a la sociedad como un todo, en algún momento la pudimos vivir en Venezuela. El sociólogo venezolano Reinaldo Iturriza, lo ilustró en su momento cuando habló del predominio en el país de “la lógica de las dos minorías”. De los párrafos que citaremos a continuación, destaca la distinción entre la “pequeña batalla” y la otra batalla, la más importante de todas. Dice Iturriza:

“Si el chavismo significó la quiebra histórica de la vieja clase política, mal haría prolongando una batalla cuya victoria tenía asegurada, empeñándose en subirse al ring para disputarse el título con rivales de poca monta, gastando pólvora en zamuro, perdiendo el tiempo en disputas verbales con dirigentes de partidos casi inexistentes, mofándose de sus sandeces, respondiendo a sus insultos y provocaciones”.
Más adelante, en el mismo artículo, dice:

“Mientras nos empantanamos en las trincheras de la pequeña batalla, ¿quién muestra el rostro del chavismo descontento? ¿Quién escucha su voz? ¿Quién atiende sus demandas? ¿O es que acaso hay algo más subversivo que el mal gobierno, que el político que roba o que mucho dice y poco hace?”
Iturriza hizo estas reflexiones en febrero de 2010 a propósito de la intervención, días antes, de la analista de medios Maryclen Stelling, quien en programa de opinión de VTV, afirmaba que “Todos los medios de comunicación social han perdido su norte, en el sentido de que están… informándonos de la pequeña batalla solamente”.

De tal manera, estábamos metiéndonos ―o nos habíamos metido desde hace un tiempo― en una trampa simbólica, como también lo mencionamos en su oportunidad, en la que la guerra mediática se entendía como batalla de ideas, donde el heroísmo de la lucha contra los golpistas dejaba de lado la lucha contra los problemas estructurales de la nación; donde la consigna suplantó reiteradamente a la formación política pertinente y permanente; donde al lealtad a toda prueba asfixió y estigmatizó a la crítica necesaria. En un panorama semejante, la guerra mediática no podía sino desencadenar la moda del desmonte de las “matrices”. Ante las mentiras sistemáticas de la canalla mediática, surgieron comunicadores, programas y líneas comunicacionales en el sistema público de información, que terminaron por estructurar gramáticas enteras que lograron cercenar espacios para la libertad, para pensar en una auténtica ofensiva semiótica a la altura de las circunstancias.

En enero de 2011, para Iturriza la situación no sólo no había cambiado sino que, como todos vimos, se trasladaba a una Asamblea Nacional a la que regresaba la oposición:

“Sin duda, el principal desafío a corto plazo que enfrenta la representación chavista en la Asamblea, consiste en superar la “lógica de las dos minorías", según la cual tanto el chavismo oficial como la clase política opositora libran una pelea irracional y fratricida por cuotas de poder, al margen de los intereses, las aspiraciones y la voluntad de la mayoría del pueblo venezolano.”

Estaríamos ante un problema histórico propio de la transición de organizaciones estatales naturalmente represivas y concebidas como instrumento de dominación de una clase sobre otra, hacia formas de Estado progresistas, al servicio de las mayorías tradicionalmente excluidas. Luego, un Estado concebido para liberar o, puesto al servicio de la liberación, tendrá problemas a la hora de garantizar la seguridad y el orden, sobre todo si se crean situaciones violentas en los laboratorios de guerra sucia que ameritan las acciones contundentes y oportunas de las fuerzas de seguridad del Estado, acciones que los operadores mediáticos nacionales de las transnacionales de la “información”, están preparados para condenar, manipular, y calificar como represivas, autoritarias y violadoras de los derechos humanos.

En el caso uruguayo, las críticas sobre la gestión del gobierno sobre el tema de la seguridad vienen de la propia izquierda, lo cual demuestra que efectivamente existe un problema para marcar límites.

Y la derecha ¿Qué hace? ¿Qué piensa? ¿Piensa?

Para Romero, la derecha se ha ido al otro extremo. Salta a la vista cual es el punto de vista de la derecha en este tema. Esta no comprende la complejidad del asunto y propone políticas punitivas, represivas, inmediatistas, vinculando el tema de la seguridad al tema de la imputabilidad. En el caso venezolano no es muy diferente. En Venezuela, los dirigentes políticos de la derecha, principalmente los del Partido Primero Justicia, organización a la que pertenece el candidato Henrique Capriles Radonski, derrotado el pasado 7 de octubre por Chávez y el pasado 14 de abril por Nicolás Maduro, se han asesorado en materia de seguridad con alguien que puede considerarse como el más destacado y fiel practicante y representante de las medidas represivas en América Latina: Álvaro Uribe Vélez. Sin ir muy lejos, esa sería la política de seguridad de la derecha en Venezuela, a que aquel aplicó en la hermana Colombia, cuyo fuego salpicó, recordemos, a la hermana República del Ecuador.

Se configura así una dinámica desequilibrada donde las visiones desde las esquinas terminan agravando la situación que se pretende combatir. Romero coloca el ejemplo del comportamiento de un matrimonio frente al hijo “mala conducta”, donde a uno de los padres, la mano izquierda, le cuesta poner límites, reprender, cayendo en una extrema permisibilidad, y donde el otro padre, la mano derecha, pretende resolver todo con la mano dura que golpea y castiga.

Trasladado el ejemplo a la relación Estado-sociedad en general, se hace necesario destacar la responsabilidad de los actores políticos en la generación de climas de inseguridad. En el caso venezolano, siempre recordaremos los llamados del presidente Chávez, que son los que hoy hace Maduro, a todos los sectores del país para combatir la violencia y la inseguridad. Pero sucede, que en Venezuela una de las causas de la inseguridad es aquella que tiene que ver con la irresponsabilidad de una oposición antipolítica que, pateando la mesa en sucesivas oportunidades, convirtió el tema de la inseguridad en bandera política contra el Gobierno bolivariano, contribuyendo a fomentar una atmósfera de inseguridad

¿Qué hacer?

Evidentemente, en una sociedad moderna, y en una urbe compleja y en crecimiento como Caracas, y como esta todas las ciudades del país y la región, se necesita del concurso de todos los factores para lograr resolver el problema de la violencia.

Hasta ahora, hemos hablado de los problemas de la mano izquierda cuando se trata de enfrentar el caos, el fuego, la agresividad, sobre su problema para imponer su autoridad (De ahí la impunidad, que en Venezuela ha sido estructural en un sistema que castigó siempre al pobre), y sobre el problema de la mano derecha, que solo sabe ordenar, golpear, castigar, sin comprender la situación en toda su amplitud, alejándose de todo humanismo y simplificando la realidad.

De tal manera, siguiendo con la metáfora de las manos, la blanda y la dura, diríamos que la estrategia a aplicarse sería algo así como “Tanta mano derecha como sea necesario, tanta mano izquierda como sea posible”. Y ojo, no se trata aquí de pensar con la izquierda y gobernar con la derecha, eso es otra cosa.
Actualmente, cuando analizamos las políticas que viene desarrollando el gobierno del presidente Maduro, nos damos cuenta que el complejo problema se viene abordando de manera integral, como bien lo había delineado el Comandante Chávez. Nos parece altamente positivo que de un lado, se desarrolle la Gran Misión A toda vida Venezuela, la cual:

“… no es un plan más, se trata de una política pública integral de Estado, que apunta a disminuir las situaciones vinculadas al delito, faltas, accidentes viales, desastres o emergencias, para que toda la población venezolana pueda disfrutar sus derechos en un ámbito pacífico. Orienta su esfuerzo a implementar políticas que fortalezcan ambientes para la convivencia solidaria, la paz y el desarrollo pleno, contrarias a las políticas de ¨mano dura¨ y endurecimiento de las penas que sugieren algunos sectores del país”,

y que de otro se haya lanzado el Plan Patria Segura, que consiste en el despliegue sistemático de las fuerzas de seguridad del Estado en el territorio nacional, y que comenzó el pasado 13 de mayo con el despliegue de 3 mil efectivos de la FANB y demás cuerpos de seguridad del Estado en los dos municipios más violentos del país, una política que, hay que recordar, tiene como finalidad la prevención mas no la represión.
Finalmente, volviendo y coincidiendo con Pablo Romero, el Estado solo no puede resolver todos los problemas de seguridad. La época de Hobbes era la época de Hobbes. Los otros factores determinantes que no podemos olvidar, y que merecen su propio espacio de tratamiento, son el papel de la familia y del sistema educativo, espacios donde también se confunde autoridad con autoritarismo, y donde se tiende a reproducir el sistema imperante, con sus vicios y virtudes.

Bienvenidos sus aportes al debate.

amauryalejandrogv@gmail.com

@maurogonzag