Cuando se dan este tipo de manifestaciones y empiezan a trancar una calle aquí, una calle allá, en un principio uno siempre otorga el beneficio de la duda, porque después de lo que ha vivido el país en años recientes uno debe pensar que, después del dolor y las muertes del pasado ―como los hechos del 14 y 15 de abril de 2013―, ciertos sectores de la población de clase media han aprendido algo sobre cómo no dejarse manipular y no perder el sentido común en los momentos de mayor tensión o confusión mediática socio-cibernética.
Dos elementos objetivos pudieron distinguirse desde las primeras de cambio, en lo que ya tenía todos los visos de estrategia insurreccional golpista de nuevo cuño. En primer lugar, las guarimbas violentas se desplegaban, de forma organizada, en el territorio de municipios gobernados por alcaldes de la oposición. De 335 municipios que tiene el país, 18 estaban siendo atacados indiscriminadamente no solo con la trancada violenta de calles y avenidas con barricadas, cauchos, fuego y basura, sino con ataques salvajes a sedes de instituciones públicas como el Banco de Venezuela o Cantv, además de ataques directos a sedes de gobiernos regionales como fue el caso del Edo. Táchira.
En segundo lugar, al procesar todos los datos y variables del contexto, de inmediato se constató que estábamos en presencia de una estrategia de “golpe suave” tipo “mecha lenta”, con el empleo de acciones muy similares a las que plantea el señor Gene Sharp en su libro De la dictadura a la democracia, donde se establecen cinco etapas a superar para derrocar gobiernos por una vía distinta a la toma del poder del Estado por medio de un tradicional golpe militar, donde las redes sociales y la canalla mediática internacional volvían a desempeñar un papel de primer orden. En este contexto, la idea era generar situaciones violentas para obligar al Gobierno a usar la fuerza pública legítima para proteger a la colectividad, para luego provocarlos con agresiones de todo tipo y así convertir mediáticamente la elemental y justificada respuesta de los funcionarios en represión y violación de los derechos humanos.
Con todo, las fuerzas de seguridad han tenido que actuar en defensa de la colectividad, en unos municipios cuyos alcaldes, a pesar de contar con fuerzas policiales propias y de haberse manifestado contra la violencia ―así sea de forma titubeante y guabinosa―, no han movido un dedo para restablecer a la mayoría de la colectividad sus derechos civiles y humanos. Es decir, los efectivos de la guardia nacional han tenido que actuar en manifestaciones violentas ―inconstitucionales― para salvaguardar los derechos humanos de los vecinos de esas zonas y los de los propios “manifestantes”, en situaciones difíciles en las que sus propios derechos humanos, que también los tienen, se han visto seriamente irrespetados y golpeados.
La lógica no deja de tener algo de estúpido, toda vez que la violencia se desencadena en sectores donde el 70% y hasta el 80% de la población son sempiternos opositores al Gobierno. ¿Cómo actuar en un contexto donde existe una posibilidad de generar hechos violentos que podrían generar eventuales intervencionismos extranjeros para así deslegitimar al Gobierno e impulsar el derrocamiento pos-moderno del presidente Maduro? Tenemos dos datos fuertes: guarimbas violentas en municipios opositores (Que afectan directamente a la gente de habita en esos municipios), y efectivos de seguridad frente a los que existen posturas ambiguas ―son alternativamente rechazados y solicitados por esas comunidades―, aunque la verdad es que son predominantemente agredidos y rechazados. ¿Entonces qué? Queda plenamente justificado el repliegue de la guardia nacional en un contexto donde impera la irracionalidad desmedida, y donde se espera que las personas sensatas, los vecinos mentalmente sanos, indistintamente de su postura política, actúen y exijan contundentemente a los alcaldes que ellos votaron que cumplan con su deber de garantizar el libre tránsito y el derecho al trabajo, al estudio, a la salud y a la vida, derechos todos socavados por estas alocadas guarimbas.
De otra manera, el mensaje es: si les mandamos a la guardia nacional y ustedes la agreden, no la mandamos más, para que entonces le pidan a su alcalde que trabaje e imponga el orden. Si él no te hace caso, entonces organízate con tus vecinos y movilízate para protestar ―ahora sí estaríamos hablando de protestas legítimas― por la ineficiencia o indiferencia del gobernante municipal. Sin embargo, este proceso no es tan sencillo en algunos sectores, cuando no en ninguno. Casos como los del municipio Chacao y el municipio Los Salias han sido ejemplares en este sentido.
Caso Los Salias
A eso de las 4:30 de la mañana del lunes 24 de febrero, vecinos del sector La Morita reportaron que alguien desde un edificio había permitido el ingreso a un estacionamiento privado de dos grandes camionetas que al parecer llevaban bastante carga. Había comenzado la operación guarimba en el municipio, y a lo largo de toda la avenida perimetral se colocaron alrededor de 15 barricadas, algunas a la usanza de las peores de Chacao, con aceite y guayas incluidos.
La semana pasada, en el sector conocido como La recta de las Minas, un grupo de alrededor de 20 muchachos, todos jóvenes no mayores de 25 años, bloquearon la carretera panamericana y quemaron una unidad de metrobús. Esto provocó que muchos vecinos llamaran a la guardia nacional y que reportaran la situación de franca violencia. Estos, efectivamente se hicieron presentes en pocos minutos en el lugar, e impusieron el orden.
A lo largo del día 24 y del día 25, las tensiones se fueron acumulando en las zonas en las que los grupos violentos parecen predominar incluso por encima de la opinión cívica mayoritaria. La Cima, radio ubicada en frente del sector La Rosaleda, no paraba de recibir llamadas de ciudadanos angustiados, preocupados y arrechos por las situaciones que estaban viviendo: ambulancias que no podían ir a buscar a los enfermos, gente que no podía salir a trabajar porque ni siquiera les permitían atravesar la barricada a pie, pero tampoco a comprar alimentos o medicinas ni a nada. Sectores sitiados por guarimberos locales ―puede que con algún invitado de otro lugar― que estaban jodiendo a su propia gente.
Ante la ausencia de la autoridad del Estado central ―justificada por lo que ya dijimos― pero peor aún, ante la ausencia de la autoridad local, municipal ―nada que decir de la autoridad comunal―, la sensación de desesperación y desamparo crecía en estos sectores. Qué decir de la muchacha que llegando a su casa, ubicada en el sector Parque Retiro, fue amenazada de quema total de su vehículo ―con ella adentro― por querer atravesar la barricada para poder así llegar a su hogar. Un dato curioso, es que la muchacha es opositora al Gobierno. De ahí, que no extrañen los tuis enviados por Luis Vicente León, director de una encuestadora y conocido por su postura contraria a la Revolución:
“La guardia no va a entrar al municipio el gobierno lo prohibió insisto estamos afectando a los nuestros”
“Destruyen patrulla de polisalias y sale herido un funcionario seguimos sin entender la actitud de algunos protestantes”
No hacen falta comentarios. Otra vecina residente del sector aledaño a La Morita, relató que vio como el ex alcalde del municipio, Ovidio Lozada, hablaba con cierta indignación y alteración con un interlocutor, quien resultó ser un periodista de un diario mirandino. Trascendió, que la inocultable molestia del ex alcalde de Primero Justicia, se debió a que este, muy presumiblemente por la inacción del alcalde actual, se había acercado a la guarimba de La Morita, ―pudo haber sido otra― para pedirles a los “manifestantes” que desbloquearan la calle por el bien de la comunidad, y casi sale golpeado en el intento. Cuando lo intentaron agredir, Lozada, extrañado de que no lo reconocieran, les dijo que era el ex alcalde del municipio, que por favor desistieran de esas acciones, que habían demasiadas quejas, pero al parecer no lo escuchaban.
De tal manera, abogamos porque este nuevo episodio guarimbero, no en balde calificado como autogol, no se deje pasar así nada más. Desde este espacio, y para las comunidades de los municipios de Maracaibo, Táchira, Valencia, Maracay, Pto. Ordaz y Miranda, nos parece que debería quedar en los anales comunitarios el comportamiento que tuvieron las autoridades frente a esta violencia criminal que otra vez atentó contra la salud psíquica y el normal desenvolvimiento de la vida de quienes allí habitan, para que los vuelvan a elegir en las próximas elecciones.
También, esperamos que los líderes políticos alternativos o progresistas de esos municipios se activen y sepan capitalizar los hechos a su favor, para así sumar voluntades al único proyecto político vigente y apoyado por la mayoría: el plan de la patria. Las debilidades en materia de organización y consciencia comunitaria, saltaron de nuevo a la vista, sobre todo en la llamada ciudad dormitorio. Y es que ¿Si una ciudad es llamada así porque la gente trabaja en Caracas y solo llega allí para dormir, que pasaría cuando a la gente no la dejan ni trabajar ni dormir?
@maurogonzag
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